jueves, 20 de marzo de 2014

Steve Jobs, acusado de conspirar contra los informáticos

foto de la noticia Los ingenieros acusan a varios ejecutivos de ponerse de acuerdo entre 2005 y 2009 para no arrebatarse empleados entre ellos

A las empresas tecnológicas les encantan las ideas nuevas, salvo que sean de otros. Entonces, hay que neutralizarlas o comprar todas las innovaciones. Los ejecutivos de Silicon Valley saben muy bien que un proyecto brillante que escape de su control puede hacer caer rápidamente al gigante tecnológico más poderoso.
Un ejemplo de cómo Silicon Valley elimina dichos riesgos ha sido una demanda interpuesta por un grupo de trabajadores que acusan a varios ejecutivos del sector de ponerse de acuerdo entre 2005 y 2009 para no arrebatarse los empleados entre ellos. Este caso, que irá a juicio esta primavera en San José (California), afecta a 64.000 programadores, y en él se reclaman miles de millones de dólares por daños y perjuicios. La persona que organizó este arreglo, según se extrae de los documentos judiciales, fue el ejecutivo más exitoso del sector y al que más le preocupaba la competencia: Steve Jobs.
La demanda refleja como más de dos años después de su fallecimiento, Jobs sigue siendo un personaje mediático. También aporta una imagen de los ingenieros de Silicon Valley que difiere mucho del estereotipo actual de personas malvadas y bien pagadas que hacen que los precios inmobiliarios aumenten en San Francisco y que los demás no puedan permitirse vivir en la ciudad.
Todo lo contrario, los litigantes los describen como “víctimas de una conspiración” engañadas por sus jefes, según Joseph R. Saveri, un abogado de los demandantes. “Estos son los ingenieros que construyen los equipos y los programas informáticos y que son la base del sector tecnológico”, señala Saveri. “Pero se les impidió negociar libremente lo que vale su capacidad”.
Estas acciones se descubrieron por primera vez en una investigación del Departamento de Justicia estadounidense, que terminó con una denuncia antimonopolio contra media docena de empresas. En un acuerdo extrajudicial simultáneo, las compañías aceptaron abandonar la práctica de no arrebatarse los empleados. Pero el acuerdo extrajudicial no impedía que los programadores iniciasen su propio proceso judicial contra las empresas. La demanda colectiva cita correos electrónicos y otras comunicaciones de algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley.
A Jobs le preocupaba especialmente la expansión de Google. En 2005, por ejemplo, el cofundador de Google, Sergey Brin, intentó contratar a personal del equipo de navegación de Apple. “Si contratan a una sola de estas personas, es la guerra”, advirtió Jobs en un correo electrónico, según los documentos judiciales. Brin dio marcha atrás y Google y Jobs llegaron a un acuerdo informal para no realizar ofertas a los empleados del otro.
En 2007, cuando un ejecutivo de recursos humanos de Google contrató a un ingeniero de Apple, Jobs se quejó inmediatamente. Para calmar sus ánimos, Google despidió al técnico en menos de una hora. Al igual que Apple, el buscador ha declinado hacer comentarios sobre este artículo. La investigación del Departamento de Defensa concluyó en 2010 con una demanda antimonopolio contra Apple, Google, Intel, Intuit, Adobe y Pixar, pero no hubo sanciones económicas.
Lucasfilm, que vendió Pixar, ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la compañía de animación para resolver la demanda, al igual que Intuit. Han aceptado pagar 20 millones de dólares. Parece que un ejecutivo de Silicon Valley se resistió a las amenazas de Jobs. En 2007, Palm Inc., un fabricante de aparatos portátiles, contrató a Jonathan J. Rubinstein, exejecutivo de Apple que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del iPod.
Para no perder a sus empleados, Jobs propuso un trato a Edward T. Colligan, el consejero delegado de Palm. Pero este le dijo que dicho acuerdo sería “probablemente ilegal”. Jobs amenazó entonces con lanzar a los abogados de patentes de Apple contra Palm. En una entrevista, Colligan dijo, “Muchas veces te encuentras con cosas que pueden ser beneficiosas, pero tienes que aceptar que, moralmente, no son correctas”.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Unos 500 inmigrantes entran en Melilla en el mayor salto a la valla



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Montoro: «Se podrá sancionar a quien reclame indebidamente el céntimo sanitario»

                                        El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que ya hay "gran número" de solicitudes presentadas para reclamar la devolución del llamado "céntimo sanitario" y ha recordado que quienes aporten datos indebidos o falsos se pueden enfrentar a sanciones tributarias.
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó que el "céntimo sanitario", 13.000 millones de euros cobrados por distintas comunidades autónomas entre 2002 y 2013 para financiar la sanidad a través de un impuesto a los carburantes, es contrario a la directiva sobre impuestos especiales.
Esta sentencia, ha afirmado el ministro en la sesión de control, resuelve una cuestión prejudicial en el campo conocido como el céntimo sanitario (la reclamación la presentó "Transportes Jordi Besora" (TJB), establecida en Cataluña) y su extensión a otros contribuyentes "debe ser tramitada de forma individualizada, en función de la situación de cada reclamación".
Una gestión administrativa "costosa" que dependerá de la vía donde esté situada cada reclamación, ha añadido.
Así, ha informado, ya está disponible en la web de la Agencia tributaria (www.aeat.es) un modelo normalizado de solicitud de devolución, de uso voluntario, que se ha diseñado expresamente para estas reclamaciones.
"No obstante debo recordar que se someterán a control las solicitudes presentadas de forma que la devolución se practique únicamente a quienes acrediten el derecho a su obtención" y a este respecto "únicamente tienen derecho a la devolución quienes tuvieran obligación de soportar la repercusión del impuesto, es decir, el consumidor", ha dicho.
Además ha recalcado que "la presentación de solicitudes indebidas, o la utilización de datos incorrectos, inexactos o falsos será susceptible de sanción de acuerdo con el régimen sancionador tributario".
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriagán, autor de la pregunta, ha acusado a Montoro de "amenazar a quien tenga la desfachatez de pedir lo que le han trincado", y ha considerado que "no es una manera de facilitar la consecuencia de una decisión política que fue temeraria".
A su juicio, el Estado ha cometido "fraude fiscal", un "caso insólito" que en un "país normal" hubiese producido la dimisión del ministro de Hacienda.
Montoro ha alegado que el Gobierno cambió el sistema a partir del 1 de enero de 2013, antes de que se produjera la sentencia, y cuando la advertencia de la comisión era muy clara.
Además, ha incidido en que "está también la reclamación de la Comisión de que el impuesto sobre hidrocarburos que se cobra en España es demasiado bajo para el estándar europeo, y esa es la consulta que se ha hecho a la Comisión".
Ayer el Ministerio de Hacienda explicó a Efe que esperará a que la Comisión Europea conteste a la consulta realizada el pasado 10 de marzo respecto a la devolución del dinero ingresado a través del llamado "céntimo sanitario" antes de comenzar a reembolsar lo recaudado a los afectados.

Fuente: La razon