El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido que se produjo un fallo operativo en el dispositivo policial para las 'Marchas por la Dignidad' del pasado sábado en Madrid.
"No me voy a precipitar, pero parece que sí hubo algún fallo de coordinación en el dispositivo", ha dicho el ministro antes de asegurar que la Policía contaba con información de que "al albur de las 'Marchas por la Dignidad' grupos extremadamente violentos y radicales pretendían aprovechar esas manifestaciones para actuar con especial violencia".
Esa es la razón por la que, según el ministro, se diseñó el mayor dispositivo de la historia de Madrid, 1.750 antidisturbios desplegados, porque la información disponible aseguraba que también se iba a producir una actuación "sin precedentes" desde el punto de vista de la violencia. Fernández Díaz ha insistido en que si bien "previsiblemente" ha habido fallos, -hay una investigación abierta sobre lo sucedido- no se debe quitar el "foco" en que grupos formados por más de centenares de radicales perfectamente organizados y planificados "tenían una clara intención de hacer daño a la Policía y a bienes públicos y privados". Y ha apostillado: "Ese posible fallo operativo que se produjo lo que hizo fue no dar una respuesta adecuada a los hechos. Pero no vayamos a confundir la causa con las consecuencias".
Por ello, ha señalado que la Policía mantiene una investigación abierta para detener a todos aquellos que no han sido arrestados hasta el momento por los graves disturbios en el centro de la capital y que ha calificado de "absolutamente inaceptables". El ministro ha aprovechado sus declaraciones para mostrar su pleno apoyo y confianza en la Policía, especialmente a los antidisturbios, una unidad referente en toda Europa y de la que los españoles se pueden sentirse "orgullosos". Fernández Díaz ha recordado que gracias al civismo de los manifestantes y al buen hacer de estos efectivos ha sido posible que tan solo en un 1 por ciento de las manifestaciones celebradas en España el pasado año haya sido necesario el empleo de la fuerza policial, tras lo cual ha defendido que el fallo del sábado "no puede enturbiar una hoja de servicios acreditada".
Preguntado sobre la posibilidad de regular el derecho de manifestación a determinadas zonas, el ministro se ha limitado a responder que no existe ningún derecho absoluto y, por ello, la ley obliga a que los convocantes comuniquen su celebración a la autoridad competente, en este caso la delegación del Gobierno de Madrid. Es ella la que para hacer compatibles los derechos de manifestantes con los del resto solicita que se pueda cambiar un horario, un itinerario o una fecha, ha recordado el ministro antes de explicar que la última palabra a esas resoluciones de la delegación la tiene la autoridad judicial.
"Por desgracia son continuadas las resoluciones (en alusión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid), que deniegan las pronunciadas por la Delegación", ha asegurado el ministro, tras lo cual ha añadido que "normalmente" la Justicia no acepta lo dictado por el Gobierno que "en no pocas ocasiones recomienda otro itinerario o fecha para hacer compatibles los derechos de todos".
La sexta
